​

 

Un proyecto debidamente legalizado

​

Aquarela es un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) debidamente licenciado, ubicado en el Barrio Torices de Cartagena y liderado por una reconocida firma de constructores paisas. Contempla la construcción de cinco torres de apartamentos adquiridos por más de 900 familias que invirtieron sus recursos, atendiendo el sueño de tener una vivienda de interés social digna.
 

La controversia
 

En octubre de 2017, tres años después de obtener la licencia y levantar 25 de los 30 pisos de la torre 1, se suspendió la obra por supuestas infracciones. Desde entonces, el proyecto está suspendido y se ha visto involucrado en 4 procesos jurídicos. Se trata de un mal proceder y un pésimo antecedente que las autoridades quieran cambiar las normas retroactivamente o pretendan mostrar el proyecto como culpable de ilegalidades que nunca se dieron, para evadir su responsabilidad de cuidar el patrimonio.
 

Cartagena mantiene su vigencia como patrimonio
 

Según las normas, Aquarela no afecta los Bienes de Interés Cultural que llevaron a la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad. De hecho, considerando la ubicación de la construcción, por solicitud de los constructores, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, conceptuó que el inmueble destinado al proyecto no se encontraba en el área de influencia de la fortaleza.

Más allá de la demolición del edificio
 

El objetivo de los constructores es continuar dando la batalla jurídica para que el proyecto llegue a feliz término, atendiendo los intereses de los compradores. De requerirse alternativas diferentes, estas serán estudiadas en la medida que los procesos jurídicos lo demanden. No obstante, es importante precisar que si el Ministerio de Cultura desea la demolición del edificio debe obtener una orden judicial que lo exija o, en su defecto, adoptar una estrategia de adquisición de la obra.
 

Qué sucede con las familias
 

Mientras los procesos jurídicos avanzan, más de 400 familias cartageneras que mantienen activa su vinculación con el proyecto, junto con los constructores y cientos de firmas de proveedores y suministros siguen esperando una solución, donde les sean respetados los derechos adquiridos en el marco de las normas legales vigentes.